Un drástico aumento de la brecha educacional, mayor deserción escolar, deterioro de la salud mental, desprotección ante eventuales abusos y violencia intrafamiliar y obesidad infantil. La enumeración de los posibles efectos del cierre de las escuelas resulta sombría, pero es lo que indican diversos estudios y proyecciones realizadas por entidades nacionales e internacionales.

Un informe de la Unesco (marzo 2021) muestra que más de 100 millones de niños caerán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura debido al impacto del cierre de las escuelas. En Chile, según el Banco Mundial y el Mineduc (2020), los estudiantes de menores recursos (quintil 1) podrían perder, en promedio, un 95% de sus aprendizajes, mientras que los estudiantes de mayores recursos (quintil 5) podrían perder un 64%, incrementando la desigualdad.

Esta evidencia fue la que motivó a un grupo de apoderados, algunos de ellos también educadores, a publicar una carta en la plataforma change.org dirigida al presidente Sebastián Piñera, al ministro de Educación, Raúl Figueroa y al ministro de Salud, Enrique Paris. La petición, elevada hace tres semanas y que suma más de 9.000 firmas, apuntaba a mantener los colegios, jardines infantiles y otros recintos educacionales, funcionando a pesar de la cuarentena.

Dos de las firmantes son Consuelo Tapia, profesora de matemáticas en un colegio particular subvencionado en Viña del Mar, y Lucía Buttazzoni, abogada que se dedica a asesorar a emprendedores en materia de financiamiento, y que además está creando un colegio en la localidad de Matanzas, comuna de Navidad.

“Soy profesora hace 20 años, actualmente estoy ejerciendo en sala de clases con niños de primero básico, y me doy cuenta de la urgencia que existe de no interrumpir el proceso de enseñanza presencial en este tiempo”, escribía María Teresa Romero el 24 de marzo en una carta publicada por El Mercurio.

Aunque no se conocían, el interés de situar la educación como prioridad nacional y actividad esencial, la acercó a la causa de Consuelo y Lucía. Comenzaron a reunirse virtualmente y se les sumó Claudia Larroulet, quien trabajó en una fundación educacional con colegios y jardines infantiles en Puente Alto y hoy participa en directorios de distintas entidades académicas. Juntas crearon el Movimiento Ciudadano Escuelas Abiertas.

El domingo pasado abrieron la cuenta de Instagram @EscuelasAbiertasChile, donde publican cifras, estadísticas y también testimonios. Uno de ellos es de Michel Saavedra, apoderado del jardín infantil Colores y papá de Matías, diagnosticado con TEA (trastorno de espectro autista), quien explica las dificultades de su hijo para atender las clases online.

En los próximos días Escuelas Abiertas va a lanzar una página web donde reunirán este tipo de contenido apoyado en estudios y experiencias comparadas. También han conversado con distintas fundaciones educacionales para recibir el feedback de directores, profesores y apoderados.

“Los jardines, salas cunas y escuelas, son la fuente más importante de bienestar y desarrollo social y psicológico para niñas y niños, brindando protección contra abusos y violencia, dando acceso a nutrición adecuada y a un aprendizaje seguro de las ciencias, humanidades, artes y deportes. Son espacios también de apoyo fundamental para niños con necesidades especiales y sus familias. La educación presencial es irremplazable”, sostienen en su declaración titulada Educación Presencial Prioridad Nacional.

Las brechas crecen

Reunidas en una conversación de Zoom con DF MAS, lidiando con problemas de conexión a Internet y los cameos intermitentes de algunos de sus hijos en pantalla, las cuatro gestoras de Escuelas Abiertas cuentan que esta ha sido la vía de comunicación de los últimos días además del grupo de WhatsApp donde permanecen en contacto.

El jueves 25 de marzo tuvieron una reunión virtual con el ministro de Educación Raúl Figueroa donde le plantearon sus inquietudes. Aunque son una agrupación todavía incipiente, ya han recibido ataques en las redes sociales. “El insulto que más recibimos en Twitter es el de malas madres por no querer a nuestros hijos. Hay una postura muy polarizada”, afirma Buttazzoni. Son enfáticas en señalar que entienden la gravedad de la actual situación sanitaria y el comprensible temor de los apoderados reticentes a enviar a sus hijos al colegio.

“Lo que planteamos no es la apertura a rajatabla, sin importar el riesgo, pero queremos al menos poner el tema sobre la mesa. Aquí, a diferencia de otros países, muchos colegios públicos han permanecido cerrados hace más de un año, incluso estando en comunas en Fase 3 y 4”, sostienen.

En la práctica, agregan, han sido principalmente colegios privados los que abrieron. Según un estudio de Espacio Público sobre la evolución del Covid-19 en Chile, publicado el pasado 24 de marzo, el 73 % de los establecimientos particulares pagados recibieron estudiantes, contra el 56 % de los particulares subvencionados y apenas un 15 % de los establecimientos municipales.

“Entendemos que hay miedo en la ciudadanía y posibles presiones políticas, pero es rol del gobierno comunicar racionalidad respecto del riesgo, y ha faltado un liderazgo que proponga nuevas soluciones”, agrega Lucía.

Afirman que en el caso de los establecimientos municipales también podría incidir el factor elecciones, ya que muchos alcaldes van a la reelección y ninguno quiso arriesgarse a que un posible brote tuviera lugar en su comuna. Con el aplazamiento de las elecciones, esa situación podría prolongarse, apuntan.

Llegó el momento de innovar

Llaman a implementar un cambio de paradigma y no aplicar las mismas soluciones de siempre considerando que estamos ante un escenario inédito de pandemia. “Tenemos que salir de la inercia en la que entramos hace ya más de un año”, asevera Claudia Larroulet. Sostienen que es necesario enfrentar el problema con creatividad y abrirse a soluciones innovadoras y alternativas híbridas.

“No se trata necesariamente de mantener a los niños en la sala de clases, se podrían habilitar estadios municipales, parques o multicanchas, que permitan interacción entre los niños, aunque sea limitada. No podemos seguir pensando binariamente. Lo bueno que tiene la pandemia es que nos da la oportunidad de hacer las cosas distintas, la educación no tiene por qué seguir siendo igual, y probablemente no lo sea”, afirman. Todo lo anterior se resume en el llamado base de Escuelas Abiertas: que la educación sea prioridad nacional y que los recursos se enfoquen a ese propósito.

Entendiendo que en este momento la realidad sanitaria es crítica, los hospitales a tope, la mayoría de las comunas del país en cuarentena y los niños en la casa, Consuelo Tapia aclara que como movimiento no pretenden que se abran los colegios ahora, pero sí ir pensando y planificando el retorno responsable apenas la situación lo permita. Tampoco se trata de descartar el aprendizaje online, señala, muy por el contrario, hay que disponer de todas las herramientas posibles, pero entendiendo que la presencialidad es insustituible.

Mascarillas sonrientes

Como profesora de primero básico, Teresa Romero recalca que el retorno de los niños a clases tiene que ver también con su bienestar emocional: “Es increíble lo felices que estaban los alumnos de volver. Se les notaba la sonrisa en los ojos, aun con las mascarillas puestas. Nunca se habían portado así de bien, con ganas de aprender y atentos a cada detalle, incluso nos avisaban si se nos bajaba la mascarilla. Me fui llorando de impotencia el último día y decidí que no podía quedarme de brazos cruzados”.

Lucía por su parte destaca la campaña impulsada en conjunto por la Unesco, la Unicef y el Banco Mundial que establece como misión recuperar la educación en 2021. “El desafío es sumarnos a ese propósito como país. Ha habido poco ámbito de acción y somos una sociedad a la que le cuesta ponerse empáticamente en el lugar del otro”.

En la misma línea, Claudia sostiene que esta problemática debe enfrentarse como tema país y evitar la segregación según nivel socioeconómico: “Si un municipio no dispone de los medios para garantizar el cumplimiento del debido protocolo sanitario, debe recibir recursos del Estado. Es responsabilidad de todos, se trata de impulsar un cambio de mirada como sociedad”.